ASIGNATURA PENDIENTE. Catorce institutos para pacientes con capacidades diferentes padecen serios problemas económicos.

Según aseguró la presidenta de la Cámara de Instituciones Especiales, Silvia Barbará, la provincia paga con retraso y esa demora afecta las prestaciones que se brindan a personas con problemas crónicos.

Los incumplimientos del Estado santafesino en el pago de las prestaciones médicas para discapacitados del denominado Programa Único de Cobertura—suscrito por el gobierno provincial en el marco de la Ley 24.901—volvieron este año a movilizar el reclamo de la Cámara de Instituciones Especiales de Rosario, la entidad que nuclea a los distintos centros privados de rehabilitación y terapias donde es derivada la mayoría de los pacientes carenciados con discapacidades crónicas, que no poseen cobertura médica privada u obra social.
“La situación se repite año a año, sin solución, y sin que nadie en el gobierno provincial se haga cargo de las responsabilidades que determina la ley”, señaló la licenciada Silvia Barbará, presidenta de la Cámara de Instituciones Especiales.

 

Las instituciones que asisten a discapacitados cobran
con retrasos de hasta un año.
Foto: Juan José García

Desde octubre de 2001 hasta la fecha las instituciones que vienen dando las prestaciones cobran con demoras de hasta un año. En Rosario, la deuda actual afecta a 14 instituciones. El último pago de la provincia que recibieron en concepto de prestaciones del Programa Único es del período julio/agosto de 2004. Otro problema grave que denuncian los prestadores es el de la falta de cupo: “Este sistema fue creado para que ningún paciente sin recursos económicos quede excluido de la atención que requiera su caso, tanto los que necesitan terapias temporales como aquellos que deben seguir recibiendo atención a lo largo de toda su vida. Pero la provincia se está manejando con la misma partida presupuestaria de hace 4 años atrás. Lo que literalmente significa cerrar el ingreso de nuevos pacientes al programa público de prestaciones. De hecho la realidad indica que el numero de pacientes que hoy efectivamente son atendidos en el marco de este plan es el mismo que en 2001, mientras la cantidad de certificados que acreditan el derecho a acceder a las prestaciones se cuatriplico, pasando de 3 mil a más de 7 mil certificados otorgados por la provincia”, explicó la representante de las instituciones especiales de Rosario.

Entre la falta real de cupo y el crecimiento del número de certificados que en teoría garantizan el ingreso a una atención gratuita que luego no se da, los casos de personas cuyo tratamiento queda confinado en interminables listas de espera siguen estando a la orden del día en la provincia de Santa fe.
Por otra parte, en Rosario ya existe el antecedente notorio de una institución que debió cerrar sus puertas a raíz de las recurrentes demoras e irregularidades con que el Estado santafesino rehuye su propia responsabilidad a la hora de pagar las prestaciones sujetas al Programa Único. Se trata de “Crear”, un Centro de Día que fue modelo en la atención de terapias especiales y que, en el marco de convenios firmados con la provincia, había privilegiado, precisamente, la atención de pacientes sin recursos económicos.

Una vez más, habría que recordar que la ley 24.901 es una legislación de carácter nacional que, entre sus artículos más importantes, determinó la creación del Programa Único de Cobertura para discapacitados. Y contempla toda una gama de terapias y de tratamientos que en cada caso concreto “el Estado tiene la obligación de suministrar a través de los hospitales y obras sociales, estableciendo los mecanismos presupuestarios que posibiliten su aplicación. El gobierno de la provincia de Santa Fe adhirió a esta normativa en febrero de 2000. Y a tal efecto se creo la Comisión Provincial de Discapacidad. En este contexto, y considerando que la estructura hospitalaria provincial no está en condiciones de ofrecer una atención acorde “a la diversidad de particularidades que hacen a la problemática de la discapacidad”, el Estado provincial realizó una serie de acuerdos con obras sociales, instituciones privadas y Ongs para que, según dicen los funcionario, las personas discapacitadas tuvieran la posibilidad de acceder a un tratamiento serio, con sólo presentar el certificado de discapacidad que, previo chequeo médico, otorga la mencionada Comisión Provincial. Pero sobre un total de más de 7.000 certificados entregados, la realidad indica que sólo un reducido numero de pacientes pudo ingresar efectivamente en algún centro de rehabilitación, ya que los prestadores, además de lo que se les adeuda en materia de pagos, se han visto desbordados en sus posibilidades concretas de atención, que en la mayoría de los casos está muy por debajo de la magnitud de la demanda existente.

“Desde que el actual gobierno de la provincia de Santa Fe se hizo cargo de la administración del Estado, lo único que hizo en relación al sistema público de atención para discapacitados es ampliar la estructura administrativa de la Comisión Provincial de Discapacidad, que ahora pasó a llamarse “Dirección...”, duplicando su planta de empleados. Y lo que es más grave duplicando los errores y agudizando aún más la mala atención que los caracteriza. Las personas llaman y nos los atienden. No saben informar. Y los números telefónicos donde teóricamente los ciudadanos afectados por la problemática de la discapacidad deberían encontrar algún tipo de respuesta, son una verdadera burla”, subraya la presidenta de la Cámara de instituciones Especiales de Rosario.